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La BUAP: democratización de las formas de gobierno

Lázaro Vázquez y Romero

La mayoría de la comunidad universitaria dese hace más de dos décadas hapermanecido como simple espectadora de los distintos cambios y transformaciones suscitados en su seno. Las razones o explicaciones pueden ser muchas o ninguna según la perspectiva de análisis que se elija. En nuestro caso esgrimiremos algunas de estas para tratar de entender lo sucedido en este periodo en relación particularmente con la forma de gobernar en nuestra institución.

Antes de la década de los noventa el crecimiento acelerado de la matrícula, el nacimiento de los sindicatos universitarios junto con sus múltiples demandas de orden laboral que en muchas ocasiones culminaron en huelgas, la falta de infraestructura edificada, modelo educativos anquilosados, excesos y abusos de diversa índole laboral y política, sembraron el terreno propicio para la intervención del estado en todos los ámbitos de la vida universitaria. Desactivando principalmente la efervescencia de la vida política  universitaria.

En este sentido el gobierno mexicano impuso una política, consistente en "modernizar, ordenar, reformar y limitar el ingreso a estas instituciones mediante filtros denominados exámenes de admisión que con base –en muchos casos- enmodelos extranjeros importo acríticamentey aplico sin la valoración y participación de las comunidades académicas de las IES públicas.

Cada institución tuvo su propia dinámica en la inserción de esta política. En el caso de la BUAP, que es a la que nos referiremos en este artículo, se desarrollo como una cruenta intromisión del estado en todos los órdenes de la vida universitaria. Dando inicio a una nuevaetapa en donde en principio se impusocomo estilo de gobierno la coerción, la amenaza, el clientelismo, la dadiva, elterrorismo laboral y académico, siendo José Doger Corte el operador elegido por el estado para aplicar este tipo de políticas, quien de inmediato redujo drásticamente la matrícula y plantilla de trabajadores universitarios como requisito sine quanonpara seguir recibiendo los subsidios económicos correspondientes. Tarea que el susodicho cumplió al pie de la letra, y hoy lo tenemos como flamante candidato  a diputado por el XV distrito. Sin duda –como ya lo hemos comentado en otros artículos- el sistema sabe premiar  cuando seobedecen órdenes sumisamente.

A partir de ese momento y hasta nuestros días la BUAP ha sido objeto de múltiplestransformaciones en su estructura, en los modelos educativos, en los tipos de gobierno, en la oferta educativa y en su expansión a nivel regional. Modificaciones que en su mayoría han sido benéficas para la educación superior en nuestro estado, pero donde no se han dado estas reformas o modificaciones son en sus formas de gobierno, lo que implica que solo sean reformas truncas o incompletas, con consecuencias negativas en la vida académica y política de nuestra institución.De tal forma que mientras no se aborde el problema de la transformación real del gobierno universitario se corre el peligro de que en muchos casos persista la simulación y la indiferencia, asuntos que representarían un obstáculo y contrasentido de la vida universitaria.

Cabe hacer mención, que esta problemática se observa en la mayoría de las IES mexicanas. Pues no obstante la diversidad y crecimiento alcanzado en la educación superior de México en comparación con las décadas anteriores a los noventa; las formas y estructuras de gobierno y administración hanpermanecido suspendidas en el tiempo, y sigue prevaleciendo la forma de gobernar que se caracteriza por innumerables rasgos autoritarios e impositivos, lo que implica un obstáculo para la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones relevantes para el desempeño de las funciones sustantivas de lainstitución, trayendo como consecuenciaque las transformaciones y reformas emprendidas por las autoridades universitarias se perciban por parte de los universitarios como transformacionesmaquilladas y recetadas por agentes externos que desconocen las particularidades y funcionamiento real de las instituciones educativas de México.

Con el propósito de conocer de manera general lo que está sucediendo en otras instituciones educativas nos referimos a continuación a parte del trabajo de investigación denominado "La transformación de las formas de gobierno en el sistema universitario público mexicano: una asignatura pendiente"

"por ejemplo, los datos nacionales recientemente obtenidos por la encuesta RPAM (Galaz et al., 2008) que encuentra que sólo alrededor del 52% de los profesores de tiempo completo de las instituciones de educación superior públicas estatales y el 37% de las públicas federales consideran que las condiciones generales de trabajo de sus instituciones, desde que ellos iniciaron su carrera académica a la fecha, han mejorado; en tanto que para el 19% y el 29% de los académicos entrevistados de las instituciones estatales y federales, respectivamente, las condiciones de sus instituciones han sufrido un deterioro. Es decir, no obstante el crecimiento de la educación superior al que nos hemos referido, cerca de una cuarta parte de los académicos de tiempo completo de las instituciones de educación superior de este tipo consideran no haber visto mejoría en las condiciones laborales en sus instituciones.

De igual forma, datos de la misma encuesta RPAM muestran que a lo sumo un 12% de los académicos de las instituciones públicas federales o estatales perciben o consideran que los propios académicos participan en los procesos de designación de funcionarios importantes.

En el mismo sentido, e ilustrando el punto de que las formas de gobierno y administración de las íes no han sufrido modificaciones sustanciales en el sentido de su alejamiento de un modelo autoritario, destaca en esos resultados, también, la opinión general en alrededor del 55% de los académicos de la presencia en su institución de un estilo administrativo vertical, de la existencia de procesos administrativos complejos (45%), la presencia en sólo un 41% de los casos de colegialidad en la toma de decisiones, así como sólo un 39% que opina que la comunicación entre la administración y la academia es buena.

Los siguientes resultados, tomados también del reporte de Galaz et al. (2008), corroboran de alguna forma que no obstante las transformaciones que ha sufrido la educación superior mexicana pública y que han sido alentadas básicamente a través del financiamiento federal, el mejoramiento de la calidad de muchos de los procesos administrativos, que se derivan de las formas de gobierno, muestra todavía un pobre desarrollo: sólo el 32.5% de los académicos entrevistados considera que en su institución se hace más hincapié en la calidad de los procesos que en los indicadores de tales procesos, y menos de la tercera parte (30.8%) está de acuerdo o fuertemente de acuerdo con la afirmación de que en su institución existe un manejo eficiente y oportuno de los recursos destinados a la investigación.

En línea con nuestra argumentación sobre la necesidad de formas de gobierno universitarias en la que otros actores de la vida institucional: académicos y estudiantes, tengan un papel más relevante; las respuestas a las preguntas referidas a la participación –en la vida institucional– de los académicos de las instituciones públicas federales y las estatales entrevistados muestran que entre el 46% y el 49% consideran que la falta de participación en la vida institucional es un verdadero problema.

Sólo alrededor de la tercera parte afirma que se le informa sobre lo que sucede en la institución, y sólo entre el 39% y el 43% considera que los funcionarios de mayor jerarquía ejercen un liderazgo competente".

Más adelante en este mismo estudio,se precisa la opinión de académicos universitarios recogida mediante una encuesta telefónica que reproducimos a continuación:

La visión de los académicos sobre las formas de gobierno prevalecientes en la educación superior pública mexicana

Independientemente del nivel de análisis que de sus formas de gobierno se realice, debe tenerse presente que las universidades son sistemas complejos, con intereses y formas de gobierno con estructuras y rasgos derivados, en ocasiones, de historias y coyunturas locales muy específicas, que hacen difícil su modelamiento o descripción en términos de un sólo modelo exclusivo e imperante en todas las instituciones (Pusser; 2003).

No obstante, el análisis que hemos llevado a cabo de las respuestas que un grupo de 73 académicos perteneciente a un total de 3 5 universidades dio a un cuestionario semiestructurado, aplicado a través de entrevistas telefónicas y con el que se buscó obtener información sobre la opinión que los académicos tienen sobre diversos aspectos de la vida universitaria, entre ellos las formas y estructuras del gobierno prevalecientes en las universidades públicas en México (Ordorika, Ramírez y Martínez, en preparación), muestra –a pesar de la gran diversidad o heterogeneidad de condiciones que existen en las instituciones estudiadas– la persistencia de un modelo de gobierno autoritario, antidemocrático, que desalienta o se opone a la participación de la comunidad y que, por ende, a final de cuentas, es contrario al supuesto espíritu que movió a las políticas de modernización: la transformación y el real mejoramiento de la educación superior.

De manera muy general podemos resaltar algunas de las cuestiones comunes en las apreciaciones de los académicos que participaron en este estudio

a. Existe la opinión ampliamente generalizada entre los académicos entrevistados de que las instituciones de educación superior han sufrido, en los últimos lustros, innumerables cambios en muy diversos aspectos. Por lo común, estos cambios son atribuidos a la instrumentación de políticas públicas impulsadas por el gobierno federal. En general, la comunidad se percibe como ajena a la instrumentación de estas políticas; en muchos casos, a estas políticas se les ve como una real imposición, en donde el gobierno de la institución ha jugado un papel muy relevante; en estos casos la participación de la comunidad ha sido marginal y restringida a cuestiones muy cercanas al quehacer cotidiano, de muy corto término. A pesar de que en las opiniones de un gran número de académicos puede percibirse un cierto tono negativo, crítico o de escepticismo en sus referencias a los cambios que han ocurrido en los años recientes en sus instituciones, no deja de ser significativo de que, al mismo tiempo, los cambios se tienen muy presentes, son referidos rápidamente y, en algunos casos, hasta con cierto orgullo ("La universidad ha cambiado, o está cambiando"; "Muchas cosas negativas del pasado han quedado atrás").

b. También es de destacar que en las listas que se ofrecen de los cambios ocurridos en los últimos años en la institución, son muy pocos y marginales, si es que las hay, referencias a cambios en las formas de gobierno. Es un aspecto que no aparece en las "agendas de las instituciones".

c. En general es factible detectar en las opiniones recogidas un sentimiento de marginación por parte de la "comunidad" en la toma de decisiones institucionales relevantes. De igual formaexiste cierto escepticismo con respecto al funcionamiento y pertinencia en la vida institucional de los cuerpos colegiados. En general se percibe que en la medida que a los cuerpos de representación colegiada les atañen las decisiones más estratégicas en la conducción de la institución, la participación de la comunidad será menor o más irrelevante. Los mecanismos de control político, administrativo o burocrático que se ejercen sobre los representantes de la comunidad son mayores conforme aumenta la importancia institucional decisoria del cuerpo colegiado en cuestión.

d. Una opinión que va adquiriendo fuerza entre los académicos, sin embargo, es que en muchas cuestiones referidas a la vida académica empiezan a ser decididas por los cuerpos colegiados correspondientes, quienes a consecuencia de las políticas instauradas por las autoridades federales empiezan a tener un fortalecimiento importante (al margen de la manipulación o cooptación que puedan hacer otras autoridades de la propia institución).

e. En general se tiene una percepción negativa (en algunos casos llega a ser sumamente negativa) del gobierno universitario y sus formas y mecanismos. La percepción del Rector como la máxima autoridad de la universidad, ocupando un puesto eminentemente político, ejercido por lo general sin contrapesos institucionales y de manera autoritaria e impositiva es aún muy frecuente entre nuestros académicos; esta visión se complementa de manera un tanto contradictoria con la opinión favorable que una porción significativa de los entrevistados expresaron sobre la figura o imagen del Rector, quien en lo personal es visto como cercano a su comunidad, con un buen conocimiento de los problemas que aquejan a la institución, abierto a los comentarios y sugerencias.

f. Un proceso semejante de deslegitimización se observa en las referencias a organismos como el Consejo Universitario, o instancias equivalentes. La inoperancia que se le puede atribuir a este cuerpo colegiado se debe, fundamentalmente, a la injerencia de otras autoridades (por ejemplo, el Rector) en la designación de los representantes de la comunidad, la manipulación de los mecanismos de decisión, ya sea de manera estructural (mayoría de autoridades) o mediante la cooptación o compra de los representantes de la comunidad.

Otro aspecto que se identifica como muy negativa para la vida de los cuerpos colegiados es la percepción de su utilización por las autoridades unipersonales como vehículos para legitimar sus propuestas, o darle un sentido de acuerdos emanados de la comunidad a decisiones tomadas de antemano, sin que hayan sido consideradas las verdaderas necesidades de la institución, expresadas por la comunidad.

Es posible concluir que el modelo prevaleciente en una buena parte de los gobiernos de las instituciones públicas de educación superior mexicanas, tal y como es referido en las respuestas de los académicos entrevistados, puede caracterizarse en mayor o menor medida como autoritario en donde se promueve la no participación de la comunidad en las decisiones fundamentales de la institución. Esta conclusión no niega o cuestiona la realidad de los indudables cambios que en un sentido positivo se han dado en muchos aspectos de estas instituciones. Lo que aquí se quiere hacer evidente es el hecho, también indudable, de que los cambios en la universidad pública mexicana no se han visto acompañados de cambios en sus formas de gobierno e, incluso, en algunos casos pareciera ser que no sólo sobreviven las prácticas del viejo autoritarismo mexicano, sino que da la impresión de que en algunas instituciones estos rasgos negativos se han exacerbado".

A manera de conclusión podemos decir también que esta problemática tan compleja que se ha venido desarrollando en todo el ámbito universitario, ha tocado fondo, y es el momento en el caso particular de la BUAP, de iniciar una nueva etapa que contemple necesariamente el cambio real y genuino en las formas de gobierno universitario, entre otros aspectos de la vida académica y funciones sustantivas institucionales. Con este propósito creemos que espertinente partir de algunas consideraciones que es necesario revisar y reformar con este objetivo.

1.

Revisar y reformar los mecanismos de elección de Rector, directores y consejeros de: unidad y universitarios.

2.

Reactivar al consejo universitario como eje central en la toma de decisiones trascendentales para la institución.

3.

Reactivar la vida colegiada de las academias

4.

Consulta obligatoria a sus representados por parte de los consejeros universitarios para la toma de decisiones colegiada.

5.

Desterrar el nepotismo y discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios.

6.

Participación de los universitarios en la Reforma del modelo académico universitario.

7.

Elección de directores de unidad con base en la calidad académica de los aspirantes y democráticamente.

8.

Promover y respetar el funcionamiento de los consejos de unidad

Sin duda, los puntos enunciados distan mucho de la amplia y diversa complejidad de la vida universitaria, sin embargo pensamos que puedenservir como un elemento que coadyuve a la discusión, la reflexión y el debate respecto al cambio y democratización de las formas de gobierno que urgen en la BUAP.

Se despojó de ética al proceso educativo y se perdió el sentido social de la formación

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/22/index.php?section=sociedad&article=040n1soc

Se despojó de ética al proceso educativo y se perdió el sentido social de la formación

Laura Poy Solano

■ Desde los años 70 México enfrenta un deterioro que se profuundizó con reformas fallidas

■ Exponen especialistas los factores que trazaron la ruta del desastre actual

Desde los años 70 del siglo XX, México enfrenta un proceso de deterioro de su sistema educativo que se ha profundizado con la aplicación de reformas curriculares y administrativas "fallidas", advirtieron especialistas. son cambios que "han propiciado que se pierda el sentido social de la formación. Al proceso educativo se le despojó de una ética".

Esto se tradujo, explicaron, en un "empobrecimiento de la formación docente", pero también en una transformación de la forma en que opera la escuela, donde "impera una visión individualista de la educación".

Investigadores de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM), Pedagógica Nacional (UPN), del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) coincidieron en señalar que factores como la explosión del demográfica y la demanda de acceso a la educación básica, evidente desde los años 70; el descuido en la formación inicial de los docentes; su creciente burocratización sindical, así como la entrega, desde el gobierno federal, de cargos administrativos a dirigencias gremiales, trazaron la ruta de un "verdadero desastre educativo".

Sin embargo, alertaron, "hoy se quiere encontrar un solo culpable: el maestro. Sin reconocer que ha sido sólo un elemento de una larga lista de desaciertos, que aún no podemos corregir".

Lucía Rivera Ferreiro, profesora de la UPN y experta en el sistema educativo nacional, señaló que pasamos de la construcción, en los años 30 y 40, del docente como un agente comunitario con el compromiso de impulsar un proyecto de nación, a vivir la docencia "como una profesión de riesgo, donde lo importante es no meterse en problemas y mantener un empleo en condiciones cada vez más precarias".

Agregó que el deterioro de la calidad educativa en el aula se profundizó con la firma en 1992 del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, con la que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari "dio un golpe maestro".

Hasta entonces, explicó,  las modificaciones en el sector "habían sido esencialmente curriculares, de contenido en los libros de texto gratuitos, y en la formación continúa de los docentes, pero no se había tocado la forma en que operaba la escuela".

Pero con el arranque del proceso de modernización educativa, que desde finales de los años 80 había dado sus primeros pasos, a la par de una omnipresencia cada vez más evidente del gremio magisterial en cargos del sistema educativo, "se plantea una transformación que implica reformas de planes y programas, en la formación del maestro y en cómo se debía trabajar en la escuelas. Todo opera bajo nuevas reglas".

Se impulsa una transformación, agregó Lucía Rivera, de gran calado donde la educación deja de ser concebida como un derecho humano y un bien social cuya responsabilidad en el acceso, pertinencia y permanencia recae en el Estado, a "ver la educación como un servicio, una mercancía, un objeto de asistencia social, e incluso, de caridad".

En entrevista, Ruth Mercado, experta en formación docente del Cinvestav, alerta que hoy se identifica el deterioro educativo con los bajos rendimientos obtenidos en las evaluaciones de alumnos de formación básica, sin considerar que se trata de pruebas estandarizadas que "técnicamente adolecen de innumerables defectos".

Los malos resultados, dijo, "son atribuidos a los maestros, como si no fueran parte de todo un sistema educativo que ha mostrado en su conjunto, desde sus más altas esferas, un mal funcionamiento en la aplicación de programas y en la gestión escolar".

Agregó que hay una escasa atención a muchos de los programas para los cuales los docentes no son capacitados, los cuales "llegan siempre a las escuelas sin considerar las verdaderas condiciones de trabajo del profesor, por lo que están condenados al fracaso, incluso antes, de que lleguen a los salones".

Juan Manuel Rendón Esparza, ex director y catedrático de la BENM, coincidió en afirmar que el "punto de quiebre" en el deterioro educativo en México se genera con la descentralización educativa. "A partir de ese momento se profundiza la asfixia de las normales, con el abandono financiero y académico".

Recordó que desde la reforma de 1984, con la que modificaron planes de estudio y materiales pedagógicos, "inició un proceso de transformación de la instituciones formadoras de docentes, las cuales lentamente fueron adoptando una visión más neoliberal de la educación".

Al respecto, Alberto Padilla Arias, catedrático de la UAM, experto en procesos educativos, afirmó que ante este escenario, no se puede soslayar el papel del corporativismo sindical en un proceso de "burocratización del magisterio, que ha tenido un efecto muy negativo en la práctica docente".

Agregó que los factores del desastre educativo "son múltiples, pero la solución debe incluir a los maestros, pues sin su participación y un verdadero compromiso, las propuestas que presente la autoridad educativa serán sólo un discurso".

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