sábado, 25 de junio de 2016

La obligación de empresarios a declarar bienes, maniobra del gobierno: Barbosa

La obligación de empresarios a declarar bienes, maniobra del gobierno: Barbosa 

Andrea Becerril 

La obligación de empresarios a declarar bienes, "maniobra" del gobierno: Barbosa■ Sólo quería una versión light de las normas anticorrupción

La inclusión a última hora de un agregado al dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para obligar a los empresarios a presentar su declaración patrimonial y de intereses fue "una maniobra" del gobierno federal "para meter al orden" a la cúpula patronal y que dejara de insistir en que se aprobara en sus términos la llamada ley 3 de 3, sostuvo el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.

Dijo que fue el propio consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, quién redactó el documento con los cambios al artículo 32 de esa Ley General de Responsabilidades que luego llevó ante el pleno del Senado, la madrugada del pasado jueves 16, el senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca, a petición del PRI.

"Hay que defender al Congreso", dijo Barbosa y recalcó que no puede aceptarse que Castillejos, quién redactó la reserva al artículo 32 y una docena más, a sabiendas de que era inconstitucional –con el fin de que personas físicas y morales sean también sujetas a las obligaciones impuestas en el Sistema Nacional Anticorrupción– ahora acuse al poder legislativo de excederse y de violar la Carta Magna.

El perredista aseguró que Castillejos estuvo en el Senado durante la aprobación de ésta y no es creíble que hubiera dejado pasar una modificación de esa naturaleza, luego de que revisaba cada uno de los proyectos de dictamen que se presentaron.

Por separado, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, responsabilizó también al PRI y al PVEM de los errores en la aprobación de ese artículo 32 y lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya vetado sólo ese numeral y no el artículo 29, pese al reclamo encia de los grupos de la sociedad civil y de las organizaciones empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana, de que se modificara, a fin de que funcionarios, legisladores, jueces y ministros de la Corte, deban hacer públicas sus tres declaraciones.

Al respecto, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, y el presidente de Puntos Constitucionales, el priísta Enrique Burgos, rechazaron la acusación de Barbosa. "Se trata de una ocurrencia", comentó el primero y ambos sostuvieron que se dejó pasar en sus términos el controvertido artículo 32, porque a la hora en que se presentó estaban muy cansados, además de que la mayoría de los senadores lo avalaron.

"Se le pasó al PRI, pero también al PAN y a PRD, porque todos lo votaron", recalcó Burgos, y aseguró que "no hubo mala fe contra los empresarios" y quizá por la hora, "por el agotamiento, por el cansancio", es que se votó con la cuestionada redacción, ahora vetada por el Ejecutivo.

Igualmente, el senador Escudero sostuvo que ni él ni el priísta Raúl Cervantes redactaron ni revisaron las reservas que llevó al pleno el senador Cárdenas Fonseca –el suplente de la fallecida Mónica Arriola Gordillo– porque fue a las dos y media de la madrugada y a todos les pareció que tenía sentido incluir a los empresarios. "Muchos de los senadores imaginamos que estaban bien redactados".

El coordinador Barbosa, en entrevista aparte, resaltó que desde un principio tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) participaron de lleno en las negociaciones de la llamada ley 3 de 3 y protestaron al final, cuando se dieron cuenta que el dictamen presentado por el senador Escudero presentaba una versión light de las normas anticorupción.

Recordó que Coparmex y CCE hicieron pública su exigencia de que se retomara en sus términos la 3 de 3 y fue entonces cuando desde el gobierno federal y por conducto del consejero jurídico les dieron "un gancho" para "meterlos al orden y obligarlos a sentarse a negociar", para "hacerles saber que son ricos porque el gobierno lo ha permitido.

Barbosa agregó que ojalá la cúpula empresarial salga de nuevo a marchar, en protesta porque el veto presidencial no incluyó el artículo 29 .

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En educación y salud se concentra 41% del ajuste

En educación y salud se concentra 41% del ajuste
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/25/politica/003n1pol

En educación y salud se concentra 41% del ajuste 

Israel Rodríguez y Fabiola Martínez 

En educación y salud se concentra 41% del ajuste■ Los dos sectores vitales recibirán $13 mil millones menos

En medio de las protestas de médicos, enfermeras y maestros, el segundo recorte al gasto público en este año, anunciado ayer por el gobierno federal por 31 mil 714.8 millones de pesos se concentrará principalmente en los rubros de educación y salud, con un total de 13 mil millones de pesos.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los sectores de salud y educación contarán con 6 mil 500 millones de pesos menos cada uno.

De esta manera, 41 por ciento del recorte en el gasto será en dos de los sectores vitales para el bienestar de la población mexicana, en la ya atribulada situación por la que atraviesan la Secretaría de Educación Pública y la de Salud.

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se efectuará el mayor recorte en monto –después de educación y salud– por 4 mil 205 millones de pesos.

Se realizará otro recorte por 3 mil 100 millones de pesos en el Issste y en el IMSS, denominadas entidades no sectorizadas, sin especificar cuánto le corresponde a cada institución.

A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –encargada de las grandes obras de infraestructura durante este sexenio– se le aplicará un recorte de 2 mil 174 millones de pesos.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se le reduce su presupuesto en mil 800 millones de pesos, mientras que para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la contracción del gasto alcanza mil 664.1 millones de pesos.

A la Secretaría de Desarrollo Social se ajusta su gasto en mil 550 millones de pesos y a la Secretaría de Gobernación se le aplica un recorte de mil 88.1 millones y en la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano la baja en su gasto es de mil millones de pesos.

Por su parte, en las secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores el decremento en su gasto será de 705.6 millones y 632.4 millones de pesos, respectivamente. En la Secretaría de Economía el ajuste en su gasto será de 600 millones de pesos.

En uno de los sectores protagonista de las reformas estructurales como el energético la reducción en la Secretaría de Energía será de 90 millones de pesos y se aplicará una contracción del gasto en la Comisión Reguladora de Energía de 50 millones y en la Comisión Nacional Reguladora de 35 millones de pesos.

Finalmente, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la reducción será de 20 millones de pesos.

De esta manera, el ajuste por el tipo se concentra en el gasto corriente con 91.7 por ciento y en el gasto de inversión el restante 8.3 por ciento.

Sufrirá la seguridad nacional

La medida también impactará el gasto corriente de la Secretaría de Gobernación, coordinadora del gabinete de seguridad nacional.

Las áreas relativas a este sector absorben casi 70 por ciento del presupuesto total de la dependencia autorizado para 2016.

El presupuesto de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se inscribe la Policía Federal, así como del organismo administrador de los centros penitenciarios federales (que incluye las cárceles de alta seguridad), así como el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), ronda los 50 mil millones de pesos.

De esa gran bolsa se deberán ajustar algunas compras y renovaciones, dijeron funcionarios de esta dependencia, aunque los detalles se definirán en los próximos días, con el propósito de evaluar las prioridades.

La página Transparencia Presupuestaria, vinculada a la Secretaría de Hacienda, indica que para el rubro de "seguridad nacional" el gobierno federal destina 91 mil 763 millones de pesos.

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